El caso de manipulación de testigos

Papo, de treinta y ocho años, conocía holgadamente el mundo del crimen; estuvo bajo el mando de don Berna y Vicente Castaño, alias El Profe, durante su paso por las filas de las AUC.  Se había forjado bajo la sombra de Hugo Albeiro Quintero, alias El Patrón de Bello; un empresario dueño de “Bellanita de Transportes” y otros renombrados negocios que terminó condenado por conformación de grupos paramilitares y era aliado de Vicente Castaño Gil, (hermano de Carlos y Fidel Castaño Gil) y de Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, cabecilla del Bloque Metro de la AUC.

Areiza tenía claro el funcionamiento de las mafias del micro y narcotráfico en esa zona, los nexos políticos con estas, y vínculos cercanos con la organización criminal conocida como “La oficina de Envigado”.  Se le había concedido el beneficio de casa por cárcel luego de ser condenado por tentativa de extorsión agravada en 2010.  La Corte le llegó a considerar un testigo de poco fiar, ya que cambiaba sus versiones o entregaba supuestos planes de atentados que no se cumplían, con el fin de obtener recompensas. Pero lo que lo hizo famoso fueron dos casos: el proceso por paramilitarismo de Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia y viejo aliado uribista, y el caso de las denuncias cruzadas entre Uribe y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, por presunto montaje de testigos falsos.  Había asegurado que Ramos se reunió con paramilitares en Bello en el año 2004, entre los que se hallaban Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, Juan Carlos Sierra Ramírez alias El Tuso, e Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez (fallecido), para acordar beneficios recíprocos.

Areiza se había fugado el 13 de diciembre de 2011 de la cárcel Bellavista por temor a ser asesinado.  Las persistentes amenazas y atentados contra su vida y la de su familia lo desesperaron.  Su padre murió a causa de la irrupción de unos hombres armados a su vivienda en la que le dejaban el recado de guardar silencio.  Su esposa tuvo que salir del país.  Por esas razones se quedó un año sin declarar: “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien.  Así no le pasa nada’”, aseguró en una entrevista al Portal Verdad Abierta.

En 2014 revienta el escándalo del “Cartel de los falsos testigos”, por las investigaciones lideradas por Luis Gustavo Moreno Rivera, el fiscal anticorrupción condenado —paradójicamente— por corrupto, y extraditado a EEUU.  Areiza aseguró haber mentido a cambio de un pago por cien millones de pesos y diferentes beneficios judiciales-carcelarios. Moreno era el abogado defensor de Ramos y presentó a la Corte una carta aparentemente escrita por Areiza en la que afirmaba haber recibido ese dinero y esas benéficas promesas de parte del senador Cepeda para declarar contra su cliente Ramos y contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago.  Se le condenó en diciembre de 2016.  Por esto fue involucrado en el proceso de denuncia de Uribe contra Cepeda por supuesta fabricación de testigos falsos en su contra.  Parte de sus confesiones también fueron usadas por Cepeda en el debate en el Congreso de la República sobre parapolítica, realizado el 14 de septiembre de 2014 y que tenía por protagonista central al recién electo senador Álvaro Uribe Vélez.

Un caso laberíntico:

La última declaración de Areiza ante la magistrada Yepes en 2018 es un puntal para entender este asunto que habrá de tornarse embrollado, pues toca todos los resortes de una compleja trama policiaca: Testigos asesinados, amenazados, presionados o que se salvan de atentados; desaparición, falsificación o adulteración de testimonios y elementos probatorios; retractaciones, sorprendente tecnología detectivesca, choque entre poderes políticos, económicos, judiciales y mafiosos; fuertes evidencias, componendas, intrigas, insidias, letargos investigativos, dudosas y aparentemente forzadas retractaciones, afamados abogados del hampa organizada, corrupción, micrófonos y flashees de la prensa, expectativa nacional e internacional, polarización política de sus espectadores, en fin; Raymond Chandler, probablemente el rey de la literatura negra, encontraría en él una exquisita mina de inspiraciones.

En esa, su última declaración ante la juez, Areiza da un giro a su versión y al proceso: aseguró que era un testigo verdadero contra Ramos, que la mentira fue haber dicho que Cepeda le ofreció sobornos para afectar a aquel y a los hermanos Uribe; que lo que inicialmente declaró lo hizo para evitar ser asesinado, y que esa carta sí la firmó pero en blanco, supuestamente para lograr un convenio con el que se le brindaría garantías para su vida: … “Yo firmé dos hojas en blanco a la persona que me visitó y esas dos hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después”, le dijo a la juez.  Areiza demuestra ostensiblemente su terror a hablar de la carta de marras: “Doctora, yo no quisiera hablar de ese tema porque detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada”.  ¿A qué le teme?, indagó la juez: “Frente a lo que rodeó esa carta yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada porque ahí hay personas que están… que estuvieron involucradas… que son muy, muy delicadas (sic), doctora.  Entonces yo le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida.  Pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada (sic)”. … “Si tenemos las pruebas para probar siendo teléfonos (sic), siendo videos (sic), si las mostramos nos matan la familia”.  Y continúa: “Doctora, es que si le digo el nombre también tendría que contarle la historia y ahí es donde ya me complico la vida, doctora”.

El receptor de esa carta, fechada en 2014, fue el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, un uribista “pura sangre”, exmilitante del partido fundado por Uribe, el Centro Democrático, y a quien muchos han señalado de ser alias “Samuel”, un paramilitar de Copacabana, Antioquia.  Su nombre asociado con ese remoquete aparece en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín de Justicia y Paz del 27 de febrero de 2007.

“Hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución.  ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces, él me dijo, ‘yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, y yo miro a ver qué hago con esto’”, esa habría sido parte de la conversación, según le contó a la juez.  El ingreso de Restrepo, quien se autonombra “El Patriota”, está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de guardia.  Una de las cartas está a su nombre.  Las misivas fueron ampliamente difundidas por la prensa, desacreditando al testigo contra Ramos y contra los Uribe, al igual que al senador Cepeda.

¿Por qué Restrepo fue a visitar personalmente a Areiza en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí? Según Areiza, él no sabía que Restrepo iría a visitarlo, ya que a quién había dejado la razón de hacerlo era a José Obdulio Gaviria Vélez, el pariente, eterno adlátere y consigliere de Álvaro Uribe Vélez.

“Hermano, paren toda esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas”.  “Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo”, agrega Areiza.

Después de su asesinato y de conocerse en los medios que José Obdulio Gaviria había sido involucrado por este, inmediatamente Gaviria sale a desmentirlo: “A mí no me metan en enredos.  No conozco nada de lo que haya pasado entre el doctor Restrepo y el criminal Areiza, … El señor Areiza es el que llama, pregunta por mí y no me encuentra. … No tengo nada que ver con el malevaje con que se reúne el señor Cepeda”.  El propio José Obdulio confirma lo asegurado por Areiza: que sí lo llamó (para darle aquella razón).

Con el ímpetu que lo caracteriza, el abogado Restrepo se pronuncia sobre las palabras de Gaviria desde su cuenta de Twitter: “Qué falta de pantalones y de güevas mandar a un abogado para escuchar a un interno en una cárcel, para después salir a decir: “todo fue a mis espaldas”. Santos/Samper “style”.  Acto seguido publica otro trino: “Con la lavada de manos de @JOSEOBDULIO en la @WRadioColombia donde dice que “nada sabía” del caso Areiza entonces ¿quién será el próximo asesinado? ¿Yo?”.277 ¿Qué quiso decir Restrepo en este último párrafo. Que su círculo de “amigos” uribistas es el que asesina?

Restrepo dice en una entrevista en la W Radio que esa reunión no tenía fines ilegales sino que lo hizo ad honorem y como un favor para José Obdulio, quien, según Restrepo, sí sabía de la cita: “¡Repito! En ningún momento en las entrevistas con Areiza hubo ilicitud ni José Obdulio insinuó o pidió actividades ilícitas, pero que me solicitó entrevistarme con Areiza y tuvo conocimiento de todo lo que hablé con el falso testigo y de las cartas, claro que sí!”.

Restrepo tilda a Iván Cepeda de bandido y de estar liderando un cartel de falsos testigos en contra del uribismo.  Tiene cazada una pelea de vieja data con él, incluso —y en un hecho antes que anecdótico, pintoresco— mediante un trino El Patriota retó a un duelo con pistolas al senador Cepeda.  Este rehusó a la singular “invitación”, pero más allá de eso, los señalamientos de Restrepo contra Cepeda son muy graves.  Sin embargo, la Corte no encuentra merito para abrir investigación contra Cepeda, al comprobar que Areiza y otros ya habían declarado contra esas personas en procesos de Justicia y Paz, mucho antes que Cepeda las conociera.  Tampoco encuentra pruebas de que Areiza haya recibido algún tipo de beneficios carcelarios, jurídicos o de otra índole.  Cepeda había sido garante en el regreso de Areiza —luego de su fuga— a la cárcel, en función de su membresía de la Comisión Segunda de la Cámara, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Paz (fue en el marco de esas mismas actividades que Cepeda recibió los testimonios de otros convictos contra Uribe).  El propio Areiza se lo solicitó a Cepeda y éste lo hizo luego del permiso concedido por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

La Corte también conceptuó, mediante ordenamiento de pesquisas, que Álvaro Uribe Vélez y sus cercanos son quienes estarían incitando a testigos para declarar contra Cepeda (no una vez sino muchas, incluso después de que fuera notificado).  Ordena entonces compulsar copias para investigarlo por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo, y lo cita a indagatoria.  Ese día, 23 de febrero de 2018, megáfono en mano y desde las escalinatas del Palacio de Justicia, Uribe decidió controvertir esta decisión judicial que lo ponía en la picota pública.  El 24 de julio del mismo año comunica su renuncia al senado aduciendo “estar impedido moralmente para defenderse al tiempo que es congresista”; pero la renuncia nunca llegó y días después reculó.  Por una serie de sucesos jurídicos (entrada en vigor de la ley de doble instancia para aforados con sus nuevas salas, la de instrucción y la de primer juzgamiento) y aparentes tácticas dilatorias de su abogado Jaime Granados (recusaciones de magistrados, repetidas solicitudes de peritaje judicial de testigos y evidencias, peticiones de aplazamiento de las diligencias judiciales, etc.), la Corte no había podido fijar fecha de indagatoria.  Dentro de esos hechos resalta uno: el de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, quien fue elegida para llevar este caso siendo simultáneamente Mayor activa del Ejército; un hecho insólito que agita sobre ella y este proceso —aún más— boiras de duda, ya que un militar en ejercicio no puede ejercer, simultáneamente, como juez penal u otro cargo judicial; además de ser bien conocidas las funcionales relaciones de Álvaro Uribe con las fuerzas militares, y teniendo en cuenta que ella fue subordinada de Uribe cuando este fue presidente, sumado a que un presidente es el jefe máximo del Ejército (y el actual presidente es Duque, “el que dijo Uribe”).

Ella había sido elegida para investigar a Uribe por la nueva sala de instrucción de la Corte, pero Lombana había omitido, en forma dolosa, un pasado vínculo laboral con el abogado de Uribe, Jaime Granados.  La investigación fue inicialmente publicada por el periodista Daniel Coronell en la revista Semana, con el título de “La Calladita”.  ¿Fue por eso que Uribe anuncia su abdicación del senado pero luego se echa para atrás, esperando la escogencia de la nueva magistrada, una conocida de su abogado de cabecera y quien tendría en sus manos su caso?  Las fechas también hablan, concordando y dotando de lógica esa hipótesis.

Tras el escándalo mediático y luego de que Cepeda entablara una recusación contra ella, la Corte decide apartarla de este caso, no por la investigación de Coronell, sino porque “su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”.  Su impedimento era evidente.  Sin embargo, la magistrada interpuso una acción de tutela contra esa decisión que le fue negada por el Consejo de Estado y le dio razón a la providencia expedida por la Corte: … “tiende a impactar la garantía del juez natural ya que evita la indeterminación de las competencias en el ejercicio de la función judicial en lo que tiene que ver con el juzgamiento de civiles por parte de militares”, recalca el alto tribunal.  Pero en su extraño afán de tener ese pleito en su poder, aseguró que renunció a su cargo y rangos militares.  Era falso.  Así lo demostró el periodista e investigador Gonzalo Guillen, en su artículo titulado “Calladita y Mentirosa”, donde el coronel Castillo, director de personal del Ejército Nacional, le confirmó al periodista —mediante orden de un juez, ya que se había negado a hacerlo— que la magistrada Lombana se encontraba activa como miembro del Ejército.  La controvertida jueza tiene también en su poder otros procesos contra Álvaro Uribe como, por ejemplo, la investigación por su presunta relación en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998; las masacres de La Granja y San Roque, perpetradas en 1996; y la masacre del Aro, en 1997.  En mayo de 2020 un nuevo escándalo del gobierno Duque hizo brillar su nombre: El de las «nuevas chuzadas” del Ejército a opositores y periodistas.  Se comprobó que la susodicha engavetó unas carpetas que contenían estas interceptaciones y seguimiento ilegales, y solo ordenó su investigación tras la denuncia que hizo la revista Semana, cinco meses después que ella las conociera.  Además, durante ese periodo, y luego de examinar las investigaciones, se reunía con altos mandos militares en las oficinas del Ejército.  El gobierno, dos días antes de que Semana destapara el escándalo, ya había retirado a unos militares.  ¿Por qué el gobierno sabía del asunto con anterioridad a la publicación de esa revista? ¿Acaso fue la magistrada Lombana quien mantenía informados a los militares y al gobierno de Duque? ¿Qué pensar de una jueza que se reúne con los involucrados en el proceso?  La investigación apenas comienza y quizá nunca acabe, o quizá sí, pero en el olvido, como sucede con la inmensa cantidad de escándalos del poder que en Colombia ya son parte del paisaje, o del “folclore”, como diría Jaime Garzón.

El periodista Daniel Coronell denunció que, pese a las sentencias que recomiendan que Lombana se aleje de toda investigación que involucre a Uribe, ella “siempre encuentra un caminito para terminar a cargo de expedientes en los que tiene que ver el expresidente”.  Así pasó cuando, en tiempo relámpago, ordenó el allanamiento a las oficinas del batallón de ciberdefensa de Facatativá, luego de que un extraño anónimo le avisaba a su email institucional que la información recabada ilegalmente por el Ejército tenía como destinatario al expresidente.  En el email también figuraban los nombres de unos oficiales supuestamente comprometidos en los hechos.  Según testigos, Lombana indagó de forma tan áspera a los oficiales que prefirieron no hablar.  ¿Por qué la magistrada, para unas cosas es muy diligente, y para otras, supremamente negligente?

Pero allí no paran sus extraños procederes: en abril de 2020 dirigió una dura carta282 al magistrado César Reyes, quien tiene en sus manos el caso por presunta manipulación de testigos por parte del expresidente Uribe.  En ella, Lombana le indaga si ha tenido vínculos laborales con la esposa del senador Iván Cepeda, a lo que Reyes contestó que nunca.  La magistrada se basó en un portal de internet de extrema derecha, en el cual se ataca asiduamente y con poca solidez probatoria a los críticos del expresidente. Por su parte, el senador Cepeda manifestó en un comunicado que junto con sus abogados emprenderá acciones legales, penal y disciplinariamente, en contra de Lombana, pues, según él, es evidente su afán de incidir o torpedear el avance de los procesos donde se involucra al expresidente.

También salió a luz un detalle sobre la vida de la magistrada: su exesposo, otro militar, el teniente coronel William Roberto del Valle, fue condenado a veinticinco años de prisión por ejecuciones extrajudiciales, llamadas eufemísticamente “falsos positivos”.  Ese repudiable fenómeno topó los picos más altos en los gobiernos de Uribe Vélez.  Lombana fue su abogada defensora pero esa información tampoco fue dada a conocer por ella a la Corte.  La Corte estudia si anula su elección como magistrada.  El caso Areiza, la investigación sobre su asesinato y el terremoto judicial que agitaron sus explosivas declaraciones, siguen en desarrollo.  En junio de 2020, y para colmo del desacato a la justicia, Cristina Lombana volvió a tomar un proceso contra Álvaro Uribe: el de la denuncia del exagente del CTI, Richard Riaño Botina, sobre la presunta responsabilidad de Uribe en operaciones de narcotráfico desde el aeropuerto El Dorado con destino a los carteles mexicanos.  ¿Por qué esta magistrada hace y deshace con la justicia colombiana? ¿Quién se lo permite?  “Nada hay tan peligroso como el poder con impunidad” (Isabel Allende).

El senador Uribe estaría presionando por medio de viejos conocidos suyos y de sus apoderados a algunos testigos en los casos en los que él y su hermano Santiago están acusados de conformar grupos paramilitares y/o falsos testigos.  Ellos, entre otros, son:

Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco, exparamilitar del Bloque Metro condenado a cuarenta años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, quien ha asegurado que en la hacienda de los Uribe “Las Guacharacas” se fraguaron masacres y se constituyó un grupo al margen de la ley del que él formó parte (bloque Metro).  Desde que hizo los señalamientos contra Uribe, vive bajo amenazas y se le ha intentado asesinar en dos ocasiones, la primera en la cárcel de Cómbita, en un ataque con arma blanca, donde los lentes de las cámaras de seguridad, extrañamente, habían sido cubiertos con mantequilla y en el que los guardias de seguridad no le prestaron auxilio durante el hecho.  Ese día sobrevivió milagrosamente a múltiples heridas en distintas partes del cuerpo; luego de eso lo trasladaron a La Picota, pero allí tampoco pudo estar a salvo, ya que intentaron asesinarle mediante un potente veneno importado que produce la muerte instantánea por paro cardio-respiratorio (fluoroacetato de sodio).  La venta de este veneno está prohibida en Colombia.  Frente a esos hechos, Monsalve advirtió que la responsabilidad de lo que pueda pasarle recae en “los señores Álvaro Uribe, su hermano Santiago, Juan Guillermo y Santiago Gallón Villegas”.  La familia de Monsalve también ha sido presionada para que él cambie su testimonio y ellos mientan.  En una comunicación a la Fiscalía, el testigo asegura: … “mis familiares en Antioquia han recibido amenazas de muerte, además de advertirles que deben abandonar la región y decirme a mí que me declarara loco y me retractara”.

Monsalve es hijo de Óscar Antonio Monsalve Correa, antiguo mayordomo de Las Guacharacas, la emblemática hacienda donde fue asesinado don Jorge Alberto Uribe Sierra, el padre de los Uribe Vélez.  Guacharaco (apodado así puesto que esa hacienda lo vio crecer), permaneció varios años al servicio del bloque Metro bajo el mando de Carlos Mauricio García «Doble Cero», grupo inicialmente conocido como “Los Masetos (derivado a su vez del M.A.S: Muerte A Secuestradores, de los capos Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y los Ochoa, primos de Álvaro Uribe)”; luego cambió de camuflado y terminó al servicio de la banda “Los Rastrojos”, el brazo armado del capo Wílber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, líder del cartel del norte del Valle.  Desde allí comandaba un grupo de al menos cincuenta hombres y se le conocía con al alias de Villegas. Secuestraba y extorsionaba.  En palabras de Monsalve, las acciones del bloque consistían en limpiar la zona de guerrilla e incursionar en negocios de narcotráfico y gasolina; agregó que en el 2002 ayudaron a la campaña presidencial de Uribe: … “le hicimos política.  Don Juan y Luis Villegas pusieron los carros para sacar las gentes de las veredas a votar.  Se pintaron las paredes con “Álvaro Uribe AUC a la Presidencia”, pero don Juan me llamó y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso, que eso estaba afectando a Uribe.  Y prácticamente a él lo montamos fue nosotros las autodefensas (sic)”, dijo Monsalve.  Luis Alberto Villegas fue asesinado por dos sicarios en diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, Antioquia, según lo informó la Fiscalía.  Las declaraciones de Guacharaco guardan consistencia, son extensas y pormenorizadas, y brindan una idea clara de cómo la hacienda de los Uribe habría sido uno de los laboratorios donde el germen del paramilitarismo, en su etapa más demencial, echó sus primeras raíces.

A mediados del año 2018, la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez Sarmiento, junto a sus hijos tuvo que salir del país para preservar sus vidas luego de una serie de intimidaciones de sujetos en motos sin placas que le cerraban el paso a su carro, de seguimientos de desconocidos reportados por su escolta, de inusuales indigentes que permanecían vigilantes frente a su casa a pesar de que se les retiraba varias veces; de un extraño mensaje de WhatsApp preguntando por ella y posteriormente mostrando una imagen con la leyenda “Que En Paz Descanse”, y luego de que fuera despedida sin justa causa de su trabajo, en el que llevaba varios años desempeñándose como médica.  La entidad (Coomeva EPS) dijo inicialmente que le cancelaban el contrato porque ella generaba mal ambiente laboral, pero no había ningún proceso o reclamo sobre su comportamiento, de manera que pidió explicaciones a los directivos.  No recibió una razón satisfactoria, aceptaron que no había quejas en su contra, se limitaron a reconocerle su buen desempeño, a agilizar su indemnización y a agradecerle por sus servicios.  La empresa tampoco quiso dar entrevistas a los medios.  Se pudo comprobar mediante las grabaciones interceptadas por la Corte a las comunicaciones de los abogados de Uribe, que éste estuvo indagando sobre su sitio de trabajo, catorce días antes de su despido: “¿Y la señora dónde trabajará en Bogotá?”, se oye preguntarle a otro de sus abogados, llamado Diego Javier Cadena Ramírez, después que ella se negara a convencer a su esposo de cambiar su testimonio en favor del expresidente.  ¿Otra de las casualidades que persiguen a Uribe?  La esposa de Monsalve grabó esa reunión, que tuvo lugar en una cafetería en el centro de Bogotá.  Un agente del CTI de la fiscalía también estaba en el mismo lugar reseñando apartes de la conversación en la que el jurista le manifestaba que existían muchos beneficios para el exparamilitar si aceptaba firmar la retractación acusando a Cepeda.  Diego Cadena y Álvaro Uribe calificaban a la esposa de Monsalve como un peligro (para sus planes).

Las intimidaciones a la médica Deyanira Gómez surgieron después de esa reunión con el abogado Cadena, un famoso defensor de narcos y paramilitares como Diego Montoya Sánchez, alias don Diego, antiguo jefe del cartel del norte del Valle; o de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, cabecilla del grupo paramilitar Los rastrojos; o de Daniel Rendón Herrera alias don Mario, exjefe paramilitar; o de testaferros de la familia de los hermanos Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali; entre otros.  Cadena es conocido por su habilidad para conseguir en cárceles de Colombia o EEUU videos y cartas para beneficiar a sus clientes o perjudicar a sus detractores, por ejemplo, presentó una carta a favor de la política uribista Dilian Francisca Toro de parte del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque.  También logró conseguir otra favorable a Santiago Uribe Vélez de parte de Francisco Zuluaga alias Gordo Lindo, exparamilitar.

Cadena pasó a ser investigado por presuntamente buscar, presionar y pagar testigos en favor de su célebre cliente.  Se supo que visitó muchas cárceles en Colombia y EEUU, donde están muchos narcos y paramilitares, en busca de testimonios convenientes a Uribe, incluso visitó a quienes ya habían o iban a declarar en su contra; así mismo, el periodista Daniel Coronell reveló que el citado abogado —ahora conocido como “Abo-Ganster”, debido a que en una interceptación, él se autodenominaba de esa forma— está involucrado en una investigación sobre presiones a un mayor del Ejército asociado con paramilitares y capos del narcotráfico —condenado a cuarenta años de cárcel y apodado Zeus— para desacreditar a un testigo de peso en contra de Santiago Uribe Vélez.  Parece que la especialización del defensor de Uribe es en presión indebida a testigos, al menos, eso traslucen los hechos.  Dentro de las múltiples interceptaciones se le oye cuando, de forma intimidante, conversa en un lenguaje malevo y soez con su hermano sobre “hacerle una fiesta a ese hijueputa” (refiriéndose a Coronell), y que para ello, ya han hablado con “Vinagre”.  La controversia saltó a las redes y el abogado aclaró que no estaba amenazando a Coronell, y que Vinagre era un cliente suyo preso en EEUU, quien supuestamente sabe de las relaciones del periodista con Justo Pastor Perafán, un antiguo jefe narco extraditado a ese país.  Varias han sido las ocasiones en que Álvaro Uribe ha tenido que retractarse públicamente por ese mismo señalamiento apuntado al periodista, actual director del canal Univisión y viejo investigador de los Uribe Vélez.

Hasta cierto momento del proceso, Uribe defendió públicamente a Cadena: “Hombre sin tacha, hombre probo, hombre honorable”; sus acostumbrados adjetivos enalteciendo a quien bien le sirve.  Pero no pudo seguir haciéndolo después de que una interceptación reveló que Uribe sabía de los ofrecimientos que estaba haciendo Cadena a los testigos, presuntamente para declarar a su favor.  “Si hubiera sabido de los ofrecimientos, le digo que no”, le dijo a César Augusto Reyes Medina, el magistrado de la Corte que le tomó la indagatoria el 8 de octubre de 2019.  Sin embargo, a los pocos días, otro audio revelado por Coronell probaba lo contrario: “Proceda doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas”, se oye a Uribe decirle a Cadena cuando éste le pedía su autorización para ofrecerle un favor jurídico a un testigo (revisión de su condena sin costo alguno) y que podría constituir un soborno.  Cuando se supo que Cadena dio dinero a los testigos, según él como un acto humanitario, Uribe termina por despegarse completamente del abogado: “Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, diez meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio dos millones, que por razones humanitarias.  Fue a decírmelo a la oficina y le dije: hombre doctor Diego, si me hubiera consultado le hubiera dicho que de ninguna manera”.  En total fueron más de cuarenta millones los que se entregaron a testigos.  Por esto y por las aparentes presiones a testigos y distintas violaciones a la ley, la fiscalía imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento a Diego Cadena.  Otra vez la microgerencia le ha fallado al expresidente.

Cadena se encuentra en EEUU donde tiene sedes de su bufete de abogados (Cadena y asociados Law Office) y otros negocios, entre ellos, una compañía llamada World Class Jets LLC, de la que hace parte su hermano, el mismo con quien hablaba sobre “la fiesta a Coronell con alias Vinagre”.  Se desplaza en un jet privado asociado a esa compañía, posee numerosas propiedades en Colombia y el extranjero: Pent-houses, fincas con piscina, camionetas blindadas, oficinas, apartamentos comprados a exdefensores de capos del narcotráfico, etc.  Media docena de escoltas lo acompaña a donde va, y lujosos lentes de sol y accesorios calzan sus ojos y muñecas.  En Tulúa, el pueblo en el que creció, lo recuerdan por ser de una familia modesta y que “de repente llegó montado en un Lamborghini y con ropa de marca”.  El abogado Cadena tiene varias investigaciones en la Fiscalía por cargos de presunta suplantación de la justicia y fraude procesal.  Este jurista recorrió prisiones en Colombia y Estados Unidos para contactar exparamilitares, varios de los cuales remitieron a la corte cartas y testimonios favorables a Uribe.  La corte encontró serios indicios de que detrás de esas versiones habría sobornos y engaños, y en tal sentido solicitó investigarlo.  Cadena se ha relacionado muy bien con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus gestiones en la entrega de varios de sus clientes, pedidos por narcotráfico.

La Corte le solicitó al departamento de justicia de ese país y al bureau de prisiones, entre otros documentos, el registro de visitas que Cadena dejó por las cárceles, pero la respuesta de ese departamento ha sido extrañamente negativa.  El alto tribunal volvió a solicitarlas, ampliando las razones que esa entidad estadounidense solicitaba, pero nuevamente se negó, aduciendo más razones.  La Corte rechazó la negativa de las autoridades norteamericanas, y el asunto quedó en stand by.  Se decidió entonces solicitar videoconferencias a los testigos que visitó Cadena, pero tampoco ha sido posible concretarlas debido a la desganada cooperación de las autoridades de ese país, las cuales le habían respondido a la Corte que sí en verdad eran pertinentes esas declaraciones y que porqué preguntaban si en ellas se mencionaba a Uribe y a Diego Cadena como autor de las mismas.   Pero si una vieja relación bilateral como la existente entre EEUU y Colombia se basa precisamente en la cooperación, ¿A qué vienen entonces este tipo de cuestionamientos y recelos ante la Corte colombiana, en el caso de Uribe?  Por las mismas fechas, la Corte tramitó sin tropiezos unas videoconferencias en el caso de otros colombianos presos en ese país, como las del exfiscal Gustavo Moreno, o las del testigo en el caso Santrich, Marlon Marín.  ¿Por qué en estas diligencias no hubo esos mismos recelos de parte de los norteamericanos? ¿Por qué a esas autoridades les preocupa que se mencione a Uribe en las declaraciones, así como a su abogado Cadena como presunto elaborador de falsas acusaciones? ¿Por qué, como nunca se había hecho, en este caso requieren explicaciones a un alto tribunal colombiano sobre la pertinencia de las declaraciones? ¿No es esto acaso una evidente intromisión en asuntos internos de la república colombiana?, por lo menos la actitud es muy sospechosa, más aún si se trae a colación otros elementos: En unas interceptaciones efectuadas a Diego Cadena se oye cuando este le pide unas asesorías a otro abogado acerca del caso de Uribe.  Ese abogado es Gilberto Ramírez Huertas, un reconocido penalista muy cercano a Uribe y al Centro Democrático.  El yerno de Ramírez Huertas es Marlon Cobar, quien fue hasta noviembre de 2019 el agregado judicial de la embajada de Estados Unidos en Colombia.  Cuando Daniel Coronell habló con Ramírez sobre si había consultado el caso de Uribe con su yerno, lo negó tajantemente, así como le había negado su cercanía con Uribe y el Centro Democrático, hecho que se comprobó falso, pues su nombre aparece en las listas de colaboradores de ese partido, en medio de los políticos más allegados al expresidente.  ¿Hubo incidencia de estos personajes en los traspiés que la Corte ha tenido con las autoridades estadounidenses en el caso Uribe, o es otra muestra más del efecto tutelar que su gran socio del norte ejerce sobre el descrito por ellos mismos como el narcotraficante número 82?  De todas formas, no pueden calificarse de normales los comportamientos de ese país en este episodio.

Fue con el abogado Cadena donde entró en escena el episodio del reloj- grabadora, un artilugio de avanzada usado para grabarlo mientras presionaba a Monsalve para que se retracte de sus anteriores testimonios que involucran al expresidente: “¡Redactemos el hijueputa documento, si no yo vengo mañana!”, le dice alterado a Monsalve, al ver su actitud remisa. Esa mañana era la del 23 de febrero de 2018, el día en que Uribe había anunciado una nueva prueba en favor suyo.  Monsalve se negó a firmarla, la pregonada prueba no llegó y Uribe lucía descompuesto ante las cámaras de la prensa apostadas a las afueras del Palacio de Justicia.  Junto a sus abogados entró a presentar algún recurso de esos que intentan alargar los tiempos de la investigación, pero la retractación del testigo estrella, la más importante, fue la gran ausente.

Mediante ese reloj también se recogieron evidencias fílmicas y auditivas sobre unos presos compañeros de celda de Monsalve que le intentaban convencer de retractarse a favor de Uribe, quienes fueron incluidos en la investigación: “Haga de cuenta Dios es Uribe.  Es Dios”, fue una de las frases que le dijo Enrique Pardo Hasche, un miembro de una acaudalada familia bogotana, condenado a veinticinco años de prisión por el secuestro y asesinato de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana Arango.

Durante días Pardo Hasche estuvo tratando de convencerlo, exponiéndole con gran despliegue retórico el porqué debía declarar en favor de Uribe: “A Uribe ni siquiera lo van tocar, … la izquierda va pa´ abajo pero feo mano, ¿la izquierda? el pobre Cepeda va a quedar en la olla, … entonces, lo que yo le quería decir es que ud lo que debe hacer es pasarse para el lado de este señor, que él lo va a tener a Ud en cuenta después cuando sea presidente pa´ lo que sea”.  Pardo Hasche continúa: “Le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, todas esas vainas, y con el transcurso de los días el doctor Uribe va a estar detrás de usted y le va a estar ayudando”.

Y junto a Cadena, el 22 de febrero de 2018, el día anterior a la diligencia de Uribe en el Palacio de Justicia, Hasche trata insistentemente de persuadir a Monsalve: … “si usted se pasa pa’l lado del presidente… Usted… se lo garantizo que va a recibir grandes cosas.  ¿Qué hijueputa va a resolver con Cepeda, Juan? ¿Qué hijueputa?  Además de llamar al director del INPEC y que lo pasen de un sitio pa´ otro como han hecho.  Pero de ahí no pasa. En cambio, el otro señor seguro le ayuda”.  “¿Pero qué es lo que le están pidiendo, Juan?  El hombre (Cadena) lo que le está pidiendo es que diga que el señor le ofrecía tanto para que declarara en contra del doctor Uribe.  Ya lo otro vendrá; si se retracta o no se retracta, vendrá después.  Me parece muy bien lo que el presidente le pide… Ya eso está amarrado o ya tienen eso ahí cuadrado”.  “Yo me dedico todos los días a hablar con estos señores, con todos mis amigos… que son los subalternos de Álvaro para que… Búsquese que es lo que quiere.  Mire esto… Tan… Le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, toda esa vaina.  El otro señor no hace un culo, Juan”. … “Pero es que venga le digo una cosa… Ustedes ahoritica lo que necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir lo que dijo… No que diga que es falso, ni que es cierto… Usted lo que tiene que decir es que el señor Cepeda fue allá… a manipular.  Eso es lo que tiene que decir”.

Aseveraciones de otros testigos contra Uribe, a los que Pardo Hasche también intentó convencer de retractarse, ponen de manifiesto el lobby que éste habría efectuado en favor del expresidente: “Me dice que a como salga en libertad, no duro más de ocho días porque el expresidente Uribe Vélez, que es su amigo, me va a matar a punta de fusil y que si acá en el ERON (el patio donde están recluidos) doy papaya me matan aquí en las escaleras que de este patio bajan a la guardia interna, todo esto me dice porque él dice que soy un sapo que eché pa´ lante a su amigo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez”, aseguró el exparamilitar José del Carmen Gelvez Albarracín, alias El Canoso o El Cenizo, en una denuncia a la fiscalía.  De igual manera, por ese hecho, Pardo Hasche denunció a Gelvez por injuria y calumnia.  El asesino del suegro del expresidente Pastrana fue trasladado de la Picota a la cárcel La Picaleña en Ibagué, una cárcel menos fría y más cómoda, según el INPEC porque “se lo merecía por su buena conducta”.  ¿Otra casualidad?

El afamado penalista Jaime Lombana Villalba es otro de los apoderados de Álvaro Uribe para este caso, a quien también se vio conversando con Pardo Hasche en La Picota.  Según Lombana, fue por un caso diferente en el que una de sus defendidas es familiar del preso, aunque los abogados de la contraparte (Cepeda) y algunos testigos dicen que Lombana también hizo gestiones para intentar cambiar la versión de Monsalve.  A Lombana lo investiga el FBI por lavado de activos.283

El representante a la cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, fue citado a indagatoria junto a Uribe, debido a que en el marco de pesquisas ordenadas por la Corte, aparentemente presionaba a Monsalve para que cambie su testimonio en favor de Uribe y en cambio, acuse a Cepeda.  Lo habría hecho por intermediación de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche o El Llanero, un comerciante oriundo de Florencia, Caquetá; antiguo compañero de andanzas de Monsalve, informante del Ejército y al que se asocia, presuntamente, con grupos paramilitares como Los Rastrojos, algo que niega.

Junto a la grabación del reloj, Monsalve adjuntó chats y fotografías que documentaban cómo estaba siendo presionado por personas cercanas a Uribe para que se retractara.

Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, un exparamilitar miembro del bloque Cacique Pipintá, fue víctima de un atentado en la cárcel La Tramacúa de Valledupar.  Allí había sido inexplicablemente trasladado luego de permanecer ocho años en la cárcel de Palmira, penal donde se conoció con el abogado Cadena en el año 2017.  Después de ese encuentro, Vélez había enviado a la fiscalía una carta —con membrete de la firma de abogados de Cadena— en la que aseguraba que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios y prebendas a cambio de declarar contra Uribe y su hermano.  Pero en una interceptación, Vélez le cuenta a Eurícide Cortes, alias Diana, exintegrante de las autodefensas, que lo que había declarado era falso y que iba a contar la verdad porque al parecer, los abogados de Uribe le habían fallado con lo prometido.  En la misma conversación se oye cuando Víctor le dice a Diana que la van a llamar por el “video que ella hizo”.  El video era un pedido de Cadena en donde Vélez desacredita al testigo Pablo Hernán Sierra García.  Ella fue quien le ayudó a grabarlo.  En una entrevista, Sierra dice que el atentado a Víctor se lo mandó a hacer Uribe, al enterarse que estaba dispuesto a contar la verdad.  Víctor dice lo mismo.

La Corte cita a Víctor por las aseveraciones que hacía en las llamadas con Diana, y termina declarando en contra de Uribe y de su defensa, anexando recibos de las consignaciones de varias sumas de dinero a nombre de sus familiares.  Cadena alegó que eran “ayudas humanitarias”, pues Víctor le había dicho que estaban enfermos.  Después del atentado a Víctor, la Corte ordenó incrementar su seguridad y trasladarlo de prisión.  Cadena también había intentado beneficiar a Víctor mediante Álvaro Rodríguez, un fiscal de Cali, para que le otorgue beneficios judiciales a cambio de la entrega de una caleta con armas que el exparamilitar dejó en algún lado.  El expresidente, de cara a la opinión pública, ha guardado discreta distancia con Cadena, pero sin negar que sea su abogado.  En las ruedas de prensa solo aparecen Lombana y Granados.  En el expediente hay centenares de llamadas entre Uribe y Cadena.  Este solía llamar al líder del Centro Democrático cada vez que salía de una cárcel para ponerlo al tanto: “Quería informarlo sobre esto, presidente”, era la frase del abogado cada vez que terminaba su febril derrotero buscando testimonios en favor de su cliente o al culminar alguna diligencia relacionada.  Existen más de veintiún mil interceptaciones a Uribe, a sus abogados y allegados que sumadas sobrepasan las cien horas de grabación.  Muchas conversaciones constituyen serios indicios sobre la presunta manipulación y/o presión a testigos beneficiando a Álvaro Uribe y su hermano, aunque en algunas aparecen los códigos de un lenguaje cifrado ya que estaban al tanto de que venían siendo interceptados, como lo confirma Uribe en una conversación refiriéndose a los magistrados de la Corte: “Esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, le dice a su interlocutor Juan Guillermo Villegas Uribe, su viejo amigo y socio, un conocido hacendado y ganadero señalado de paramilitarismo, medio en el cual se le conocería como alias Tubo, dado que, según los testimonios y las evidencias de reparación de las tuberías por parte de Ecopetrol, robaba combustible de ese conducto mediante la instalación de válvulas.  El poliducto (Sebastopol-Medellín) pasa por Las Guacharacas, recorriendo los suelos de Maceo, San Roque y Santo Domingo; en esa hacienda se habría efectuado esa actividad ilegal encaminada al financiamiento de estructuras paramilitares como el bloque Metro y el Cacique Pipintá.  Con su hermano eran dueños de gasolineras, las cuales también se habrían surtido con el combustible robado de ese tubo.  A mediados de los noventa, Villegas Uribe fue el representante legal de una CONVIVIR llamada El Cóndor, a la que Uribe —siendo gobernador— le firmó la resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996. Según las investigaciones, esa Convivir (como la casi totalidad de ellas) está ligada al paramilitarismo y sería la semilla del bloque Metro.  La convivir era legal, operaba en la hacienda Las Guacharacas y sus alrededores, y les brindaba la seguridad, pero siendo legal nunca informaba sobre las ilegalidades que sucedían en esos lares, quizá porque interpretaba el concepto de seguridad como las garantías para delinquir de forma segura, como parece ser la esencia ideológica del fenómeno de las mal llamadas Convivir.  Juan Guillermo está investigado por distintos delitos: paramilitarismo, narcotráfico, homicidio, hurto de combustibles, porte ilegal de material de intendencia, etc., pero una mano omnipotente en el poder político y estatal parece impedir que la justicia lo toque.  Su hermano era Luis Alberto Villegas Uribe, un paramilitar y narcotraficante fundador del citado bloque, el mismo por el que señalan a los Uribe Vélez como la otra parte creadora.  Luis Alberto estuvo preso desde junio de 1998 hasta noviembre de 1999, cuando un juez lo absolvió pese a sendas evidencias y en medio de un proceso turbio.  Fue asesinado en 2004 por órdenes del exjefe paramilitar Julián Bolívar argumentando que Villegas Uribe no reportó la instalación de un laboratorio de procesamiento de cocaína y por seguir financiando al bloque Metro que ya estaba disputando territorio con el bloque Bolívar.  A finales de los noventa, los hermanos Villegas Uribe estuvieron involucrados en la consecución de armas, municiones ilegales y la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño.  El dinero y las armas eran destinados a sostener la cuestionada convivir El Cóndor.  El CTI hizo el allanamiento a un local comercial de lácteos (Lácteos El Paisa) de su propiedad y encontró un inventario —con puño y letra de los Villegas— de armamento, municiones y equipos de campaña.  Granadas, fusiles AK-47, uniformes, pasamontañas, metralletas, revólveres, pistolas 9 mm, hamacas, radios y demás artefactos bélicos que conformaban un enorme arsenal.  En ese allanamiento también se encontraron documentos de negocios inmobiliarios con los Uribe Vélez.  Bastantes son los testimonios e investigaciones donde se acusa a estos hermanos de crear estructuras paramilitares y de financiarlas, como el Julio César Acosta, un desmovilizado de los paramilitares que patrullaban la zona del Nus; el de Alberto Guerrero, el de “Guacharaco”, el de Everth Veloza alias HH; el de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; entre otros, así como los procesos desarrollados por las autoridades.

La corte también investiga a Juan Guillermo Villegas porque al parecer y según las interceptaciones, estuvo presionando a Óscar Monsalve Correa, el padre de testigo Juan Guillermo Monsalve “Guacharaco”, y mayordomo de la hacienda Las Guacharacas, para declarar contra Cepeda y para que presione a su hijo a retractarse en lo dicho contra Uribe y en cambio coincidan en las acusaciones contra Cepeda.  El papel de Villegas en este tinglado fue definido claramente por la Corte: … “Las llamadas dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe y otros han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de testigos falsos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot, como lo señaló el defensor del congresista, para desprestigiar su labor legislativa”.  Así mismo, Laura, la hermana del testigo Monsalve, habla con éste entre sollozos y preocupada por la situación de las intimidaciones que les estaba haciendo a ella, a su padre y en general, a su familia.  Las interceptaciones arrojaron que Juan Guillermo Villegas llamó insistentemente a Óscar Monsalve luego de que rindió su testimonio ante la Corte.  Para estar en concordancia con un testimonio escrito de Óscar Monsalve, que Uribe había presentado, este tenía que desmentir la propia versión de su hijo contra el expresidente, negando que el ataque del ELN y el robo de reses se hubieran presentado.  También debía decir que nunca vio al expresidente en la finca.  Las interceptaciones al padre de Monsalve arrojan conversaciones con su familia en las que éste, azas angustiado, dice que no puede ratificar los testimonios de su hijo “porque se mete en líos”.

De alguna forma Álvaro Uribe Vélez se había enterado de los seguimientos que la justicia le hacía a él y a sus amigos.  La famosa frase soez fue escupida después de enterarse que la Corte le interceptó las llamadas donde se cuadraba una reunión en una frutería en Medellín, a la que asistieron Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas y otro hombre llamado José Humberto Gómez Garro.  Según las pesquisas, en la reunión se habría hablado sobre dos testigos que incriminaban falsamente al senador Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe, y en ese sentido, Gómez Garro jugaba un papel importante: Los registros del INPEC dieron cuenta que este visitó en varias oportunidades la cárcel de Itagüí en busca de esos testigos: Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, un exintegrante del bloque Metro, condenado a cuarenta y tres años de prisión; y a Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, exmiembro del bloque Pacífico de las AUC, condenado a cuarenta años.  Los testimonios de estos reos son los que presentaría Álvaro Uribe como contratestigos a fin de desmentir las versiones de los declarantes iniciales, es decir, Monsalve y Sierra, y para acusar a Cepeda.  Los exparamilitares sostuvieron que lo que dijeron los dos testigos originales era falso, que los Uribe Vélez nada tuvieron que ver en la creación del bloque Metro y que el senador Iván Cepeda les hizo ofrecimientos para que declararan en contra de ellos.  Estos relatos fueron examinados, contrastados con las cuantiosas evidencias y verificados, pero no resultaron convincentes para el máximo tribunal, por sus inconsistencias, contradicciones, incoherencias y falacias.  Ahora deberán afrontar un proceso por falso testimonio.

¿Pero cómo se enteró Uribe de que estaba siendo interceptado?, Uribe, inicialmente aseguró que tenía pruebas sobre esas interceptaciones, pero luego dijo que el exgobernador de Antioquia, Juan Pablo Gómez Martínez, le hizo llegar una nota anónima y manuscrita advirtiéndole sobre estas.  Gómez Martínez respondió que alguien le entregó un sobre con la nota pero que “no recordaba ni quién ni cómo ni dónde”.  Algo inusitadas lucen las explicaciones de ambos.  No es la primera vez que Uribe se entera de las cosas antes que sucedan, ¿Será que vive consultando un acertado astrólogo? ¿O el universo, compungido por las injusticias a las que le someten, se encarga de enviarle ángeles con advertencias escritas sobre las ruines intenciones de sus enemigos? ¿O, como han asegurado varios testimonios, Uribe tiene una compleja y poderosa red de informantes en todas las gradaciones del armazón estatal colombiano, así como en las del submundo del hampa, al estilo de la que tuvo el capo Pablo Escobar Gaviria? … “Uribe ni necesitaba ni necesita inteligencia de las fuerzas militares para que le digan o le investiguen por alguien.  Él, en el bajo mundo, sabe todo lo que está pasando, porque como digo yo, en el bajo mundo no existe la impunidad, y Álvaro Uribe es un hombre demasiado, demasiado informado; tiene toda la información, ¿Por qué?  Porque él se relaciona con personas del bajo mundo quienes son los que manejan la información”, aseguró en una entrevista alias Alberto Guerrero, el exjefe del Bloque Cacique Pipintá de las AUC y testigo contra Uribe en este proceso.

Jorge Mario Gallón Henao también aparece como una de las personas que presuntamente presionaba a la familia de Monsalve para declarar en favor de Uribe y contra Cepeda.  Gallón es familiar de Santiago Gallón Henao, famoso narcotraficante extraditado a EEUU y partícipe del asesinato del futbolista Andrés Escobar.  Se supo que la familia de Monsalve estuvo gestionando su inclusión en el programa de protección a testigos debido a las persistentes amenazas, presiones e intimidaciones, hechos que le ocasionaron un infarto a la madre de ese testigo.  El actual alcalde (por el Centro Democrático) de Amagá-Antioquia, Wilser Darío Molina Molina, viejo amigo de los Uribe, también habría estado presionando a Monsalve para lograr declaraciones favorables al expresidente y consiguiendo, en ese mismo sentido, más testimonios en distintas cárceles del país.  Igualmente, Molina habría buscado testigos para desacreditar a Alberto Guerrero, a Monsalve y al senador Cepeda.  El burgomaestre es investigado por estos hechos, por corrupción y clientelismo en su alcaldía, y por presunto trasteo de votos para lograr su elección.  Molina también fue abogado de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, el temido exjefe del Bloque Noroccidente Antioqueño de las AUC, condenado a cuarenta años de cárcel.  Este paramilitar reinaba (o reina) especialmente en ese municipio, uno de las regiones de Antioquia con mayor influencia de la parapolítica.

Las pesquisas también arrojaron que Molina le mintió a la Corte respecto a las formas de cómo se enteró de la existencia de los testigos y sobre su cercanía con el expresidente: Aseguró que cuando era abogado de Memín se enteró por éste de las malas intenciones de Cepeda de enlodar a Uribe fabricando complots estribados en comprar falsos testimonios, pero al parecer, fue Molina quien gestionó la búsqueda de esos testigos a través de Memín ya que éste compartía patio con los dos exparamilitares alias Simón y alias Castañeda, los mismos a los que Gómez Garro visitaba en prisión.  Así mismo, Molina había negado la relación con Uribe, haciéndola ver como ocasional y ceñida únicamente al asunto de los testimonios de los que supuestamente se había enterado por casualidad en 2014, pero las interceptaciones a las constantes llamadas entre ambos, después de esa fecha y el trato familiar, mostraron lo contrario.  Negó conocer a Juan Guillermo Villegas, pero permanentemente se comunicaba con él, en tono fraternal y con el fin de tenerlo al tanto de sus gestiones sobre este caso.  También negó que Uribe lo haya apoyado para su alcaldía, pero las fotos junto a él y a otros importantes líderes del Centro Democrático, impulsando su campaña, terminaron por llevarle a aceptar lo contrario.  Molina pasó a ser investigado por la Corte por todas estas contradicciones y por su presunta participación en el complot contra el senador Cepeda; el alto tribunal asegura en la sentencia donde archivó la investigación contra Cepeda que, gracias a las labores de verificación, “la realidad es abiertamente opuesta a las versiones del abogado Wilser Molina”.  Aparte de todos estos personajes de dudosa reputación que insistentemente han intentado de una u otra manera ayudar al expresidente en este lio judicial, existen muchos otros de igual o peor estofa que también quedaron bajo proceso en la Corte.  “Dime con quién andas…”.  Uno de ellos es la exfiscal y exjefe de la unidad de Justicia y Paz, Hilda Niño Farfán, condenada por recibir sobornos de narcotraficantes y paramilitares a cambio de favorecerlos jurídicamente.

Niño ha dicho que desde la fiscalía de Eduardo Montealegre se fraguó un complot contra los hermanos Uribe para vincularlos con grupos narco- paramilitares.  No obstante, en varias llamadas telefónicas que la Corte pudo escuchar, la exfiscal y el abogado Diego Cadena habrían concertado el plan para desacreditar las investigaciones judiciales que permitieron llevar a juicio a Santiago Uribe Vélez a cambio de beneficios, entre ellos, el traslado a una prisión de mejores condiciones.  A Niño se le oye insistentemente pedirle a Diego Cadena que “El Señor” intervenga para su traslado.  Siempre que hablaba con él era su pedido pertinaz, y Cadena le respondía que sí, que ya le había dado la razón a su cliente y que ya estaban en eso.  Incluso Niño le dijo que averigüe si hay cupos donde “El Señor” vive.  Los investigadores interpretan que se refiere a CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía) donde efectivamente vive Uribe y donde están recluidos varios condenados, especialmente exfuncionarios suyos. Ahí no había cupo, pero pocos días después le fue habilitado uno en la Escuela de Caballería, conocida como el resort de los delincuentes de cuello blanco, dado sus cómodas instalaciones y lujos de los que allí gozan los penados pertenecientes a las élites socio-económicas del país.  Niño pasaba de la cárcel de mujeres El Buen Pastor a este “hotel cinco estrellas” gracias a la intervención de “El Señor”.  La exfiscal cumplió la promesa que hacía en las llamadas, declarando en favor de Santiago y Álvaro Uribe, pero además, las conversaciones que sostenía con Cadena dan cuenta de otra intención que ambos tenían, que era la de buscar a los medios de comunicación (en especial a RCN, el canal televisivo y radial de pronunciada tendencia uribista) para hacer un escándalo mostrando que el caso contra los hermanos Uribe era un complot de la fiscalía de Montealegre en asocio con otros funcionarios del ente acusador y de algunos exmagistrados de la Corte, como Leonidas Bustos; es decir, recurrir a la muy conocida táctica del desprestigio público de los denunciantes o de las investigaciones contra los Uribe, para mostrarlos como víctimas.  Este último ingrediente puso en alerta a las autoridades, que dicen tener evidencias de cómo supuestamente se fraguó el plan para acusar a Montealegre de una conspiración.  ¿Un búmeran para la exfiscal, Cadena y los Uribe?

La corte considera que este caso fue tan revelador que constituye un capítulo clave en la decisión de llamar a indagatoria al expresidente, quien salió en defensa de la exfiscal a través de su cuenta de Twitter, asegurando que Niño Farfán ya había solicitado su traslado y que ya había declarado sobre el supuesto complot contra él y su hermano antes de las fechas de las comunicaciones con su abogado.  La investigación continúa, aunque las evidencias, indicios y los propios antecedentes de la cuestionada exfiscal, juegan en su contra.

Un nuevo testimonio oscurece el horizonte del proceso de Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena: el de Fabián Arturo Rojas Puertas, un exasistente del senador Uribe, quien le reveló a la Corte, bajo gravedad de juramento, los detalles de una reunión nunca antes mencionada por Cadena, en la que participaron él, Cadena, el exdirector de la cárcel de Cómbita Germán Rodrigo Ricaurte y su asesora Ángela López, abogada de alias Cesarín, capo de “La Oficina de Envigado”.  Estas dos últimas personas le habían comunicado a Uribe un supuesto plan del senador Cepeda y del periodista Daniel Coronell para manipular testigos en su contra.  Rojas admitió ante la Corte que estuvo presente cuando se cocinaron estas declaraciones y que detrás de la aparición de las tres cartas manuscritas —ninguna de puño y letra de los testigos firmantes— había mucho más que un supuesto encuentro casual de la abogada López y Cadena en la entrada de Cómbita.  Las tres polémicas cartas a favor del expresidente tenían la misma caligrafía pero distintos nombres de remitentes: Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, exmiembro del bloque Norte de las AUC; Giovanny Cadavid Zapata (de quien no se tiene más registros) y Elmo Mármol Torregrosa, alias Poli, ex miembro de una “BACRIM” (paramilitares) que delinquía en César; todos presos en la cárcel de Cómbita.  Cadena le había admitido a la Corte que la carta de Mármol la escribió él y que las de las otros dos las escribió la abogada López, porque según él “se encontró por casualidad en la entrada de la cárcel de Cómbita”, asegurando que ella se ofreció a ayudarle a recoger los documentos firmados.  Rojas también subrayó que tiempo después el exdirector de esa cárcel, Germán Rodrigo Ricaurte, llamó a pedirle a Uribe que lo ayudara para que no lo removieran de la dirección del penal, pero éste había rechazado la petición y ordenádole a Rojas cortar comunicación con Ricaurte.  La declaración del exasesor de Uribe es clave por varias razones: Plantea un choque con Cadena, dado que el abogado ocultó a la Corte la relación con Ángela López y la forma como consiguió las declaraciones.  Establece varias premisas de cara al caso: El expresidente le pidió a Rojas y a Cadena que asistieran a la cita; Uribe supo que estas tres declaraciones salieron de esa reunión con el director de la cárcel de Cómbita y su asesora.  A pesar de que existían serias dudas por la forma en que Cadena tomó estas versiones, nadie objetó el envío de los documentos a los expedientes de la Corte.

Rojas entregó detalles del flujo de información entre Cadena y el expresidente.  Señaló además a María Claudia “Caya” Daza (la misma involucrada en la denominada “Ñeñepolítica” y quien abandonó el país) como la persona que tenía la confianza con Cadena y que tuvo un papel protagónico al conseguir varios de los cuestionados testigos y declaraciones que llegaron a la Corte.  Según Rojas, la noche del 22 de febrero de 2018, él y Caya se reunieron con Cadena y el asistente de este, Juan José Salazar, en un restaurante al norte de Bogotá.  Allí recibieron de éstos los testimonios escritos de Vélez y otros paramilitares.  “Cadena se despidió y salió a reunirse con el expresidente Uribe.  Y nosotros nos dirigimos a la Central Papelera a sacar fotocopias de los papeles, entre los que venían las cartas manuscritas”, testificó Rojas.

Al siguiente día, Rojas y Caya, en las escalinatas del Palacio de Justicia, le entregaron al expresidente las fotocopias anilladas con los testimonios.  La voz de ella aparece en las interceptaciones que hizo la Corte a Diego Cadena en abril de 2018.  En la charla, ambos intentan cuadrar la manera de tomar la declaración del exparamilitar Juan Carlos “El Tuso” Sierra en Miami.  Ese dato corresponde con la afirmación de Rojas, que le atribuye a esta mujer un papel clave en la consecución de otros testimonios que conoció la justicia y que son foco de controversia.  El apoderado de Diego Cadena por el caso de supuesta manipulación y compra de testigos en favor de Álvaro Uribe es el penalista Iván Cancino Gonzáles, distinguido porque muchas veces logra aplazar las diligencias judiciales alegando quebrantos de salud de sus clientes.  Y, como en los casos de Carlos Mattos, Juan Francisco “Kiko” Gómez, Enilce López “La Gata”, Victor Maldonado y otros, Diego Cadena no fue la excepción.  La primera audiencia a la que la Corte lo citó fue para el 18 de febrero de 2020.  Cancino alegó que Cadena tenía diarrea.  Se postergó entonces para el 28 de abril del mismo año, Cancino alegó que por estar en cuarentena de la pandemia Covid-19, estaban impedidos para asistir a la audiencia.  Esta se volvió a reprogramar para el 27 de julio por similares circunstancias.  Los clientes de Cancino no gozan de buena salud justo cuando de presentarse a trámites judiciales se trata.  Tan de malas.

El otro exparamilitar que involucró a Uribe en este proceso es Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC.  Sierra fue condenado a cuarenta años de cárcel por múltiples crímenes perpetrados por los paramilitares que estaban bajo sus órdenes, entre ellos, masacres de indígenas.  En septiembre de 2011 salió al público una entrevista suya dada al hoy senador Iván Cepeda Castro.  El mismo Sierra se la había solicitado a Cepeda y este, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aceptó.  En ella, Sierra afirma que los hermanos Uribe Vélez fueron los creadores y financiadores del bloque Metro, junto a los conocidos paramilitares y narcotraficantes hermanos Gallón Henao y hermanos Villegas Uribe, quienes tenían una especie de cuartel general en la célebre finca Las Guacharacas, municipio de San Roque.  Según ese testimonio, dicho bloque paramilitar se creó para enfrentar la presencia del frente Bernardo López Arroyave del ELN, en cabeza de Francisco Javier Zuluaga, alias Juan Pablo, quien dirigió la quema de la hacienda Las Guacharacas y el robo de seiscientas cabezas de ganado y de varios caballos y mulares de propiedad de los Uribe Vélez, el 2 de enero de 1995, luego de que Uribe se posesionara como gobernador de Antioquia.  El exjefe paramilitar afirmó que uno de los ejemplares robados fue un macho de paso fino muy apreciado por el gobernador y que luego fue utilizado por el jefe guerrillero para patrullar la región, lo que habría enloquecido de cólera a Uribe.  Añade que después de la incursión guerrillera y el robo de los animales, el gobernador ofreció una fuerte recompensa por información que condujera a la captura de Juan Pablo, recompensa que, según consta en sentencia del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia del 9 de enero del 2003, fue cobrada utilizando el nombre y documento de una persona fallecida, luego de que el ejército reportara la baja del guerrillero en un combate.  ¿Quién o quiénes cobraron esa millonaria recompensa? ¿Podría caberle responsabilidad a la gobernación de Uribe en esta aparente estafa?, este inverosímil suceso no ha sido investigado.

Asegura que desde ese episodio y en aras de recuperar lo robado, en la región se desbocó la furia del bloque Metro, perpetrando dos masacres supuestamente bajo la orden de Uribe, una de ellas, la del 13 de julio de 1996 en el corregimiento de Providencia, municipio de San Roque, cercano a Las Guacharacas; y otra, el 17 de septiembre de 1996, en el casco urbano de ese mismo municipio, en la que uno de los muertos fue Álvaro Carmona, un comerciante que había comprado buena parte del ganado robado de la hacienda de los Uribe Vélez.  Sierra, al igual que Monsalve, menciona el fuerte apoyo político para Uribe.

Según Sierra, el bloque Cacique Pipintá para su campaña de 2002 habría organizado una subasta donde se le recogió más de doscientos setenta millones de pesos, en el municipio de La Pintada, departamento de Antioquia, límite con Caldas, en la que habría hecho presencia el propio Álvaro Uribe y donde la seguridad estaba a cargo del mismo grupo paramilitar.  Lo mismo en otras subastas en Planeta Rica, departamento de Córdoba, y en otras regiones circunvecinas de dominio paramilitar.  En esas campañas también participó Hernando Montes Valencia, el entonces presidente de ASOGAN, una asociación de ganaderos de Córdoba.  Montes fue condenado por este y otros nexos con el paramilitarismo.  Sierra también incursionó en 1991 en la política, como candidato a la alcaldía del municipio de Santo Domingo (Antioquia), avalado por el Movimiento Unionismo, de Luis Alfredo Ramos, el amigo de Uribe, condenado por parapolítica e involucrado, igualmente, en el caso de manipulación de testigos.  Asegura que todos los miembros de las autodefensas que están vivos y encarcelados tienen pánico de contar las verdades sobre el expresidente Uribe y su hermano debido a la falta de garantías.  Dice también que algunos testigos que han declarado en favor de ellos lo han hecho porque están bajo la presión de amenazas a ellos y sus familias, y que además han recibido dinero de Uribe, pero que sobre lo último no tiene cómo probarlo.  El objetivo de Uribe es “callar la verdad de los paramilitares a cualquier precio”, comenta en sus declaraciones.

Las acusaciones de Sierra son directas, claras y de una gravedad pasmosa. Si no fuesen porque están bajo gravedad de juramento y dentro de un proceso judicial y penal, nadie en el mundo imaginaría que probablemente sean reales y alusivas al exprimer magistrado civil de un país, sino a un gran capo del crimen.  De ellas retumban frases como: “El expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente, así como para las guerrillas lo fue Fidel Castro, el “Che” Guevara o Stalin”; “aquí hay unos delitos de lesa humanidad, aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones, aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable, él lideró esos grupos”; “yo siempre he dicho que al expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, él es un bandido igual a mí, también delinquió”; “Álvaro Uribe fue referente e integrante (de los paramilitares), por eso es que Álvaro Uribe fue tan contundente cuando fue presidente”; “Si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto porque este es un asunto de alta connotación, es que aquí no son dos ni dos ni tres muertos, hemos visto que en otros países por menos cosas han condenado a presidentes …, ahora aquí lo que hay es masacres, es que estamos hablando de masacres …” … “es que él ha matado también porque él es el que piensa, y el peligroso es el que piensa, no el que dispara sin saber porqué”; “él es un hombre de guerra, él no es un hombre de paz”; “yo me atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las Farc y con el ELN, y el expresidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente salga a la vida civil porque Uribe es capaz de matarlos a todos, él tiene la capacidad porque sabe cómo operan los grupos y es un hombre muy rico, un hacedor de plata”; “Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas, es el propio, es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez (sic)”  “El expresidente era la sombra, era el aval para que estos grupos funcionaran, el Ejército no molestara ni nadie, y los emisarios de él, los segundos de él, eran los hermanos Villegas y los mismos Gallón que se criaron con él, todos”.  Sierra dice que admira a Uribe, que “Colombia es lo que es hoy gracias a él”, pero que una cosa no tiene que ver con la otra.

La mayoría de implicados por las declaraciones de Sierra han confesado y han terminado aceptando sus delitos, siendo posteriormente condenados alcaldes, empresarios, concejales y demás enlaces del paramilitarismo desde sus funciones públicas.  Es actualmente testigo protegido de la fiscalía, resguardado en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Cómbita, Boyacá.  Sierra ha dicho que se mantendrá en sus acusaciones contra Uribe “pase lo que pase”.  Su testimonio y el de Monsalve reposan en la CIDH desde el año 2011 dado su gravedad, relacionada con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos, o sea, de evidente competencia internacional.  Sierra relaciona decenas de nombres de individuos acusados de narcotráfico y paramilitarismo con la familia Uribe Vélez, de todos brinda detalladas descripciones y presenta aparentes evidencias; lleva una inmensa carpeta que contiene toda esa documentación en emails, memorias USB, DVD y demás dispositivos almacenadores de información, los cuales ha presentado en sus comparecencias ante la justicia.

Sierra también se refiere así a las fuerzas militares, aunque no da nombres específicos:

“En Colombia, el que haya pertenecido a un grupo de autodefensas y diga que no tuvo relaciones con las fuerzas militares entonces no fue autodefensa; ese no fue autodefensa.  En Colombia todos los grupos, todos, tuvimos relación con las fuerzas militares, de policía, de CTI, del DAS, SIJIN, todos, con los GAULA, con todos, los grupos de autodefensa todos manejamos relación con las fuerzas militares”.  Explica cómo estos cuerpos legales del estado ayudaban (ayudan) a los paramilitares a asesinar personas, entregándoles las listas de las víctimas, material de intendencia, “abriendo zona” (despejando el área), e incitando a eliminar personas (incómodas para el poder) pero sin que se sepa su paradero (desapariciones). “Las fuerzas militares son las propiciadores de las desapariciones en Colombia”, afirma Sierra.  Esto no es nada nuevo, es un secreto a voces de tiempos lejanos, aunque no deja de escalofriar el saber cómo el propio estado, que tiene la obligación constitucional de preservar la vida de sus ciudadanos, sea el mismo que la elimine mediante bárbaras prácticas.  No en vano, Colombia es el país con mayor número de desapariciones forzadas en el continente.  La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según la legislación internacional.  Sierra reconfirma ese secreto a voces, que desde antaño se ha sabido en Colombia: La simbiosis entre las instituciones y los cuerpos armados legales del estado con los ilegales que trabajan en fines comunes. El paramilitarismo es el hijo bastardo del Estado, al que niega en público y ama en privado.

Los hermanos Uribe Vélez han denunciado a Sierra por injuria y calumnia, siendo dos veces absuelto por la justicia, en primera y segunda instancia.  En abril se conoció que la Corte archivó definitivamente la demanda de los Uribe contra Sierra; este le solicitó públicamente al expresidente retirarse del senado y del ejercicio político ya que según él y después de este fallo de la justicia, Álvaro Uribe “no tiene piso moral para continuar en ella”.  Ahora dice tener pruebas sobre la manipulación del expresidente a testigos, el caso que lo tiene ad portas de prisión.  La defensa de Uribe insiste en que Cepeda le ofreció beneficios jurídicos para que declare contra el expresidente a pesar de que Sierra ya había declarado contra él: en 2007 lo hizo en los estrados de Justicia y Paz; en febrero de 2011 contactó a Arnulfo Méndez, el periodista de Noticias UNO, logrando concretar una entrevista en la que ratificó lo que mucho tiempo atrás ya había asegurado.  Es decir, primeramente Sierra declaró contra Uribe ante la justicia, luego en la prensa (Noticias UNO) y mucho después con el senador Cepeda; de manera que la consabida tesis de que Cepeda les proporcionó a los testigos una especie de guión difamatorio contra Uribe, queda muy maltrecha.

Sierra ha ofrecido continuas entrevistas, los periodistas asisten al penal para registrar sus versiones, las cuales se mantienen intactas de la más antigua a la más reciente.  Pero vuelven las casualidades, las notas de ángeles a informarle a Uribe que Sierra dará una entrevista tal día, a tales horas, con tales periodistas, y lo publica en su Twitter a manera de advertencia sobre una conspiración en su contra (otra de tantas y tantas que le tienden sus enemigos).  “Antes de llegar, esta visita no la sabía nadie y Uribe ya estaba diciendo que yo venía para acá”, le comenta Hollman Morris, el reconocido periodista y fundador del programa Contravía. “Porque Uribe tiene unos informantes acá en el patio, … está René, está Memín, está Castañeda, está Simón y está un muchacho Giovanny González… Uribe les dio una plata para que me desprestigiaran a mí como testigo, … entonces ellos cualquier paso que yo doy aquí en la cárcel, ya lo saben”.  Comenta que ellos le han acusado de ofrecerles beneficios a cambio de declarar contra Uribe, algo que se sale de toda lógica, ¿Qué beneficios les podría ofrecer un preso condenado a más de veintiséis años de prisión sin influencia alguna?  También asegura que Pedro Hasbún, alias Pedro Bonito, un exjefe paramilitar sentenciado a veinte años de prisión, le ofreció dinero a cambio de su silencio en el caso de Santiago Uribe pero que él la rechazo ya que está “dispuesto a ir hasta el final”.  “Yo no me explico cómo el procurador general habla que un proceso de paz sin impunidad, pero resulta que él está encubriendo al papá de la impunidad que es Álvaro Uribe”, dice refiriéndose al cuestionado procurador Alejandro Ordoñez, el ultraconservador, ultracatólico, aliado político de Uribe y actual embajador del gobierno Duque en la OEA.

Días antes de su declaración ante la Corte, en una entrevista en la W radio, cuenta que el grueso compendio de sus testimonios y pruebas los tiene radicados en la HRW (Human Rights Watch), en el Parlamento Europeo y en veinte países, ya que teme ser asesinado y estas entidades le están brindando protección.  Explica cómo quisieron imponerle un abogado de oficio allegado a José Obdulio Gaviria para que su caso fracase, después de que las amenazas obligaran a tres de sus apoderados a renunciar a defenderlo.  En esa misma entrevista asesta un golpe que por la contundencia argumentativa demuele aquel mito que ha sido el caballito de batalla mediático del uribismo para mostrar a Uribe como víctima de Cepeda:

—“Señor Pablo Hernán, ¿A usted le ofrecieron algo, Iván Cepeda alguna vez le ofreció un asilo, algo, a cambio de que usted testificara en contra del expresidente?”

—“Nunca jamás, y más iluso sería yo pensar una cosa de esas, yo no conozco el primer preso en Colombia que lo saquen de una cárcel con hartas condenas como tengo yo, que tengo más de doscientas condenas, a un asilo político, eso no se lo cree nadie”.  Cuando le indagan sobre el porqué llamó al congresista Iván Cepeda para que le reciba sus denuncias, Sierra explica que “porque si llamaba a alguien de derecha, las acusaciones no hubieran salido a la luz pública”.

Pero el uribismo no cesa en su intención de desprestigiar a Cepeda, y no obstante la sentencia donde la Corte se abstiene de abrirle un proceso en este caso (ya que no existían elementos suficientes), siguen insistiendo en que es culpable.  En las caudalosas fuentes de información y desinformación que son las redes sociales se vierten incontables cantidades de falsedades, verdades a medias, tergiversaciones, difamaciones y todo tipo de ataques contra la persona de Iván Cepeda Castro, su familia, allegados, simpatizantes o copartidarios.  Igual sucede con la Corte, con los testigos contra Uribe, con la Justicia Especial de Paz (JEP), con el acuerdo de paz entre Farc y Estado colombiano, o con cualquier entidad pública o privada, independiente o estatal, que ose amenazar —intencionalmente o no— con desentrañar las martingalas que impiden elucidar la responsabilidad de Uribe en esta y otras de sus presuntas transgresiones a la ley, como con la ONG que brindó protección a la familia del testigo Monsalve cuando esta se hallaba en alto riesgo de ser asesinada.  La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos (CSPP) se apegó a su esencia y respeto a la legalidad en sus actuaciones en ese episodio; así lo comprobó y lo falló la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018, pero la narrativa creada al interior del uribismo y proyectada a sus millones de adeptos y a la opinión pública en general es que esta ONG “pagó para que declaren contra Uribe”, obviando deliberadamente contar que Monsalve ya había declarado contra Uribe con amplia antelación a los auxilios económicos a su familia para lograr su traslado, constituyendo esa actitud del uribismo un claro irrespeto a las decisiones judiciales, a la cosa juzgada.  La ONG entabló una denuncia contra Uribe y otros líderes del Centro Democrático por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado en contra de dicha institución y sus integrantes.  También denunciaron amenazas contra sus principales representantes.

Un delicado hecho se suma a todo este embrollo, el de la alteración y eliminación de seis grabaciones ordenadas por la Corte, que habrían sido valiosas piezas procesales.  El sofisticado e infalible sistema de interceptaciones de la fiscalía denominado Esperanza casualmente no grabó un testimonio clave de Óscar Monsalve Correa, padre del testigo Juan Guillermo Monsalve y extrabajador de Las Guacharacas; igualmente unas llamadas entre este y el viejo conocido de Uribe, Juan Guillermo Villegas.  En la llamada Sala de Oro del búnker, alguien habría editado grabaciones sensibles que luego fueron enviadas a la Corte.  El informe técnico lleva más de seis meses en manos de investigadores sin que hasta ahora nadie sepa quién manipuló las escuchas.  Marcela Yepes, la directora de Control Interno de la Fiscalía, quien investigaba el grave suceso, sufrió un atentado mientras se desplazaba en su camioneta.  Una bala calibre 9 mm impactó en la ventana del puesto donde iba, alcanzando a fracturar el vidrio, pero el blindaje contuvo el proyectil.  Pasados unos días, algunas personas de la Fiscalía buscaron a los policías para pedirles cambiar el resultado del dictamen y anotar que el impacto en el vidrio correspondía al golpe de un tornillo o una piedra.  Los uniformados no accedieron a la inusual solicitud.  El asunto, como casi todos los que en materia judicial acaecen en Colombia es enmarañado, no obstante, todo apunta a que al interior de la fiscalía anidaba (o anida) una mafia de manipulaciones e interceptaciones ilegales que involucra altos funcionarios de todos los poderes del Estado.  Este tema, denominado “Las nuevas chuzadas”, sigue bajo investigación.

En el caso de la presunta manipulación de testigos por parte de Uribe, la Corte inicialmente citó un total de cuarenta y tres declarantes, desde peligrosos militantes del hampa hasta distinguidas personalidades públicas (a veces confundidos entre sí), pero luego ese número se redujo debido a que el tribunal determinó que algunos testimonios no eran relevantes, ya que en la medida que avanzaba el proceso se iban descartando los que no aportaban consistencia o material probatorio sólido o se iban constituyendo como falsos.  El trascendental caso determinará el futuro político y judicial de Álvaro Uribe Vélez.  Nunca antes su intocable figura había estado tan próxima a ser medida por la vara de la justicia colombiana.  La defensa de Uribe, al unísono y repetitivamente, exclama por los tubos resonantes de la prensa que todo esto es un “montaje fraguado por sus enemigos ideológicos o políticos”.  Y ahora, el círculo cercano de Uribe, luego de que Juan Manuel Santos Calderón (“el que él dijo” en 2010) concretara el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, alegan que en este se pactó poner preso a Uribe, ya que “es un muro de contención contra el comunismo o el “Castrochavismo”, porque “Santos es comunista”, su alias es Santiago, y en razón de eso firmó la paz con los alzados en armas, o sea, con él mismo y con los suyos, quien a la vez que bombardeaba y eliminaba a sus máximos dirigentes (a “los suyos”), subrepticiamente actuaba como agente históricamente infiltrado de esa guerrilla —desde neonato, tal vez— en la clase dirigente tradicional del país.  Sí, Santos, el descendiente de las cimeras capas socioeconómicas de Colombia es, según Uribe y su parroquia, un comandante de las FARC.  Su égida ante las investigaciones judiciales ha sido vestirlas de complot, persecución o venganza, pero de tanto emplearla se ve agrietada.

El 8 de octubre de 2019 fue la fecha que la Corte citó a indagatoria a Uribe. El día llegó cargado de expectativa y tensión.  Un buen número de seguidores adscritos al Centro Democrático, con pancartas y cornetas se dieron cita en las instalaciones del palacio de Justicia, el lugar al cual fue trasladada la diligencia judicial por recomendación de las autoridades, en pro de evitar alteraciones del orden público en los juzgados de Paloquemao, en el centro de la capital.  Hurras y vivas halagando a su líder se escucharon a su arribo, a eso de las ocho de la mañana.  También asistió una masa de sus contradictores, mucho más grande que la de los uribistas. Pancartas, instrumentos musicales, megafonos, y cánticos con arengas pidiendo justicia condimentaban la gresca que por momentos amenazaba con salirse de control.  Fuertes cordones de seguridad y barricadas de la fuerza pública impidieron el paso de la turba enardecida que la carrera séptima expulsaba, en su mayoría, compuesta de jóvenes universitarios y grupos de víctimas de “falsos positivos”.  “¡A se si no! ¡A se si no! ¡A se si no!”; “¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”, ¡Jus ti cia! ¡Jus ti cia!, eran algunos de los coros entonados con vehemencia.  A las siete de la noche concluyó la diligencia y el indagado salió por la parte trasera del edificio.  Y la noticia esperada por muchos estalló en redes: Uribe había quedado formalmente vinculado al proceso por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos.  El caso continúa y la Corte comenzará a reunir pruebas para tomar la decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar al expresidente a juicio.  Ahora es un sujeto sub judice, designación que odia.

Las semanas que antecedieron la indagatoria fueron bombardeadas con toneladas de metralla mediática contra los magistrados de la Corte y con frases lisonjeras para Uribe, usando para ello vallas ubicadas en zonas estratégicas de distintas ciudades y vías, como si fuese una de sus campañas electorales: volantes impresos con los “logros” de Uribe, tendencias en Twitter, columnas de opinión en sus portales, entrevistas acomodadas y sesgadas en medios afines al uribismo, y una intensa aunque burda estrategia propagandística en redes: Que el castrochavismo secuestró la justicia, que los jueces eran comunistas, engranajes del marxismo internacional y unos corruptos; que Santos y Timochenko ordenaron ponerlo preso; que Cepeda, Petro, Maduro, Santrich, Piedad Córdoba, Soros, las disidencias de las FARC, el ELN, los socialistas, los izquierdistas, los social-demócratas, los anarquistas, la Corte, el Foro de Sao Paulo, los norcoreanos, los cubanos y los rusos (como dice la vicepresidenta Ramírez) entre otros de sus malquerientes, habían trazado una ruta de componendas dirigidas a destruirlo en el campo político y personal, así como para ponerle injustamente prisionero.  José Obdulio Gaviria llegó más lejos y en uno de sus brillantes análisis aseguró que todo esto tenía el fin de derrocar al actual presidente Iván Duque: “Detener a Uribe es querer derrocar a Duque”287, dijo en una entrevista para el canal Caracol.  Y así, miles y miles de dislates propios de la desesperación de quienes se ven jurídicamente acorralados ante la apabullante cantidad de indicios y evidencias en su contra.  La esquizofrénica campaña de desprestigio caló tanto y en tantas mentes débiles —simpatizantes del acusado y susceptibles de manipulación— que hasta llegaron a amenazar con un nuevo y peor “Bogotazo” si a su ídolo le era dictada una orden de captura.  La Corte se vio obligada a emitir un comunicado a través de su presidente Álvaro García en el que rechazaba este tipo de intimidaciones, amenazas y presiones contra ese cuerpo judicial, agregando que ninguna presión, protesta o manifestación pública influirá en las decisiones autónomas de esa alta corporación.

No deja de ser paradójico que Uribe y su bancada renieguen tan rabiosamente de la Corte, si, cuando ante ella denunciaron a Iván Cepeda, les parecía una instancia adecuada y honesta, y solo empezaron a cambiar de opinión cuando sus fallos le eran desfavorables al expresidente: El 17 de septiembre de 2014, el día del tenso debate, Uribe y sus parlamentarios se ausentaron del recinto durante la intervención del citante, acudiendo a la Corte a interponerle la denuncia por manipulación y soborno de testigos.  Muchos congresistas le recriminaron su actitud,288 entre ellos, la entonces senadora y actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseverando en su intervención que un expresidente debía poner la cara y no “huir como sanguijuela por alcantarilla”.289  Adicional a ello, dijo que “negar los nexos de Uribe y el narco-paramilitarismo era como negar los nexos de Timochenko con las Farc.”290  El líder del Centro Democrático salió del recinto no sin antes acusar al presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jimmy Chamorro, de recibir dinero de la mafia.  Similares acusaciones lanzó contra el ministro Juan Fernando Cristo y contra el presidente Juan Manuel Santos.291  Ese mismo número ya lo había visto el país en décadas pasadas, cuando se citó a debate al entonces parlamentario Pablo Emilio Escobar, quien respondió acusando al ministro Rodrigo Lara Bonilla de recibir dineros del narcotraficante Evaristo Porras.   Desde el día que se citó a debate al expresidente Uribe, a sus motes de ÉL, El Salgareño, El 82, El Patrón, El Jefe, El Señor, Doctor Varito, Chespirito, Matarife, entre otros, se le sumaba el de El Innombrable, debido a una pírrica victoria a la que se hicieron los uribistas, consistente en que Cepeda, durante su intervención, no podía pronunciar el nombre de Uribe, supuestamente porque no había antecedentes de un debate en torno a un senador, a manera individual.  Las redes hicieron lo suyo, y Voldemort, el famoso y poderoso villano del cine que no debe ser nombrado, fue asociado inmediatamente con Uribe.  Pírrica victoria, porque lo que pretendieron por todas las vías fue que el debate no se diera, agotando las instancias de ley ante el congreso.  Cepeda y muchos sectores de la política y la jurisprudencia concluyeron que la condición impuesta por el congreso no era más que una mordaza buscando censurar el debate.  “¡Soy frentero!”, así se describe Uribe.  Y sus febriles seguidores, copartidarios y subordinados lo repiten incansablemente.  ¿Frentero?

Cepeda se graduaba como el enemigo número uno de El Innombrable, y fue denunciado en el acto ante tres instancias judiciales: La Corte, la Procuraduría y el Consejo de Estado.  De las tres salió exonerado.292

Al magistrado César Augusto Reyes Medina, quien tiene en su despacho la investigación contra Álvaro Uribe en el caso de presunta manipulación de testigos y quien le tomó la indagatoria, le ha ocurrido una serie de hechos extraños:

En abril de 2019 cinco hombres armados, violando los cordones de seguridad, intentaron entrar a la torre de apartamentos donde vive. Al ser sorprendidos tomaron como rehén al vigilante y lo liberaron unas cuadras después, cuando habían logrado huir. La investigación está en la fiscalía. En enero de 2020, un diminuto micrófono fue hallado encima del escritorio del magistrado. Pasado unos días, se encontró un segundo micrófono en el despacho de un magistrado auxiliar de Reyes, con quien comparte la información más reservada de sus expedientes, entre estos, el caso de Uribe. La fiscalía dijo que investigará quienes y con qué propósito instalaron estos instrumentos de captación de sonidos. Un arquitecto que adecuó el edificio aseguró que esos aparatos ya estaban ahí, que eran para videoconferencias y que estaban desconectados. Sin embargo, un técnico de la fiscalía dijo extraoficialmente que esos dos micrófonos no son propios de videoconferencias y menos si están ocultos bajo un techo, como efectivamente se encontraron. La preocupación de la opinión pública sobre estos hechos es razonable, más aún si se recuerda que en el pasado se suscitaron delitos como las escuchas a la Corte cuando esta llevaba los procesos de parapolítica, mediante grabadoras instaladas en las oficinas particulares de los magistrados, así como en las de la sala plena.  En junio de 2019, el internet de su residencia empezó a fallar.  Reyes se comunicó con el proveedor de servicios y le cambiaron la clave, pero las fallas seguían.  Ese procedimiento se hizo tres veces, pero siempre que se modificada alguien desde el exterior de la red volvía a interferirla al punto que la vocera del call center aseguró que no podía controlar la situación.  Al parecer, se estaría tratando de extraer información de computadores y celulares de la casa.  La fiscalía aplicó un examen forense a los aparatos particulares del magistrado.  Aún no se conocen los resultados.  Entre tanto, el togado debió abstenerse de usar el Wi-Fi residencial.  Pero ahí no pararon los raros eventos: Entre septiembre y noviembre y de 2019, un dron volaba a la altura del décimo piso donde funciona la sala de instrucción de la Corte.  En una ocasión el dron dio vueltas sobre las ventanas de los despachos judiciales en momentos en que el magistrado Reyes recibía las declaraciones de los testigos del trascendental proceso.  En otros vuelos, el dron se ubicó frente a la sala donde se reúnen los seis togados de instrucción de la Corte a deliberar.  Lo único que se sabe sobre el aparato, que puede captar o grabar conversaciones y movimientos, es que era teledirigido desde la Universidad Pedagógica, ubicada al frente de ese edificio.

Dentro de los casi trescientos procesos judiciales que Uribe tiene abiertos, el de manipulación de testigos y fraude procesal es uno de los menos graves.  Asesinatos selectivos, corrupción a los más altos niveles, conformación y apoyo a grupos terroristas como los narco-paramilitares, fraude electoral, concierto para delinquir agravado, persecución y desprestigio a opositores políticos, terrorismo de Estado, narcotráfico, y casi todas las conductas punibles contempladas en el código penal colombiano que le han sido endilgados, no avanzan.  ¿Se repetirá en Colombia la historia de “Cara Cortada” Capone, la gran mente mafiosa de los EEUU de la primera mitad del siglo XIX, a quien conociéndosele su vasto accionar criminal, cayó por un delito menor, la evasión de impuestos?

¿Cuánto durará esta espinosa odisea judicial? ¿Será el primer expresidente condenado o seguirá caminado sobre las flores que la impunidad ha ofrendado a su paso por la vida pública desde los balcones del narco-estado? ¿La justicia colombiana esta vez sí estará a la altura de las exigencias profesionales y éticas, de antaño abandonadas y pisoteadas por la estampida de las ambiciones personales?   Solo el tiempo lo dirá.

De igual forma, el caso Areiza sigue sin resolverse.  La Corte ha oído las primeras versiones de los implicados, así como a la defensa de las partes. Aunque el alto tribunal había dado la orden perentoria de redoblar su seguridad, la disposición no fue acatada y Areiza, uno de los testigos claves en este farragoso lance que involucra al más influyente líder político de las últimas dos décadas en Colombia, terminó con su grueso físico parando los tiros que desde una moto le lanzaban los emisarios de sus enemigos, para muchos, provenientes de las huestes de Álvaro Uribe; para otros, de las de Iván Cépeda; y para otros, de las de los vecinos del occiso, a los cuales debía el arriendo, o a los que les “bajó la mujer” (“líos de faldas”, como llaman algunos empachados por la burocracia).  El caso pide a gritos una eficaz aplicación de justicia.

La inmensa mayoría de los allegados de Uribe que de una u otra forma están sumergidos en este entramado jurídico-delictivo quedaron investigados por falso testimonio y/o manipulación de testigos.  La demora en su resolución ha sido más que extendida, en buen parte porque otros procesos que lo hubiesen acelerado —ya que los hechos se concatenan— fueron engavetados por Gustavo Enrique Malo Fernández, el exmagistrado investigado por presuntamente recibir millonarias sumas de dinero para cambiar los fallos; escándalo conocido como “El Cartel de la Toga”.  Esos expedientes con el nombre de Uribe estuvieron enmohecidos por más de tres años, solo se retomaron tras la salida del cuestionado togado.

Dos hechos son dicientes: un notable afán de desprestigiar a la contraparte, en este caso el senador Cepeda, y las muchísimas acciones para dilatar o desviar el normal cauce del proceso, quizá con la intención de agarrar un vencimiento de términos u otra escapada jurídica tan común en la clase política colombiana o en la económicamente poderosa (ya sea la de dineros legales o la de asociados al delito), con el propósito de lograr cuajar la ignominiosa reforma a la justicia propuesta por el uribismo que versa sobre la eliminación de las actuales Cortes y la creación de una sola, totalmente vulnerable de ser contaminada por el ejecutivo u otros factores externos que buscasen perpetuar impunidades o administrar justicia según el interés particular.

Manipulación de testigos y fraude procesal no son unos graves delitos que le suenen nuevos al expresidente.  Ya en anteriores oportunidades se ha visto inmiscuido en ellos y los patrones hallados son exactamente iguales con los “nuevos”; la única diferencia es que en éste se logra adivinar, tras las gruesas capaz de unas maniobras rastreras tendientes a opacarla, la luz de la justicia que tímidamente depara efectividad; la efectividad irresoluta en el caso de Pedro Juan Moreno Villa, al parecer, otro “buen muerto” para Álvaro Uribe Vélez.

(Espacio sobre los demás casos de testigos contra Uribe asesinados hasta alcanzar los párrafos finales del capitulo. Se recomienda leer este otro documento para ver claramente los patrones delictivos que se vuelven idénticos todos y en cada uno de los casos: testigos asesinados, falsas retractaciones, amenazas, montajes, etc.; todo encaminado a que la verdad no se revele: contracara.com)

… Velásquez salía legitimado nacional e internacionalmente; Uribe, debilitado.  Sus planes difamatorios tomaron la trayectoria de un búmeran y golpearon con fuerza su credibilidad, pero no con la suficiente para derrumbarla, pues posee la gran viga sostenedora: el poder económico de los “cacaos” de este país que patrocinan sus campañas, y su descomunal poder mediático.  ¿El fin?: Monopolizar el Estado —que tiene una función esencialmente pública—, y perpetuar el statu quo por medio de sus intendentes políticos; en este caso, Uribe.  “El fin justifica los medios”, dijo Maquiavelo.  La frase parece aplicarse no solo en el campo político sino en el económico y hasta en el judicial, porque, respetando el derecho universal a la presunción de inocencia, hay eslabones fácticos que cualquier persona, sin ostentar el título de experto criminólogo, podría unir, concatenar, encadenar.  La verdad sobre estos casos permanece sin salir porque está amarrada con las sogas de la inoperancia judicial.  Pero la verdad —tarde o temprano— termina siendo un caballo desbocado e inatajable que revienta ataduras y tumba a quien se atraviese en su obligado camino.

Frente a todo este arrume de “buenos muertos”, el prestigioso periodista Julián Martínez, aseveró: “Todos los asesinatos de personas que tienen que ver con procesos de los Uribe Vélez, todos los asesinatos que han ocurrido, le sirven a Álvaro Uribe.  Terminan beneficiándolo jurídicamente”.

Las voces que se han atrevido a señalarlo a él o a su familia como criminales han sido sistemáticamente silenciadas por medio de las balas, de las armas blancas o del metal filoso y chirriante de las sierras eléctricas, de presuntos accidentes inducidos, de potentes venenos o bajo el bozal invisible pero eficaz de la amenaza.  Es un hecho real, tangible, no el fruto de la imaginación de un autor de novelas policiacas o de la narco-literatura, aunque, sin duda alguna, a cualquier escritor de ese género lo embargaría un estremecimiento tal que obligaría a su mano a narrarlo, casi instintivamente.  Pero si la labor del artista de la palabra es contarlo, la de la justicia es determinar sus autores intelectuales y materiales, cosa que no ha sucedido pese a la explayada longitud de tiempo y a la descripción detallada de los sucesos que cada muerto ha logrado hacer, porque contrario a la creencia, los muertos también hablan.